Privilegios, política y desigualdad
Sara Hernández, portavoz de Drago Canarias en La Palma
Hace tiempo que pienso mucho en los privilegios. Tanto en los que ostentan quienes nos oprimen, como en los que disfrutamos y con los que, inevitablemente, oprimimos a otras personas.
En mi día a día, ya sea en mi entorno o leyendo las noticias, veo como el privilegio masculino, el privilegio blanco o el privilegio de clase, entre muchos otros, hacen de las suyas de manera silenciosa, dominando y decidiendo desde la cosa más insignificante hasta sobre las propias vidas de las personas; y verlo me hace sentir mucha impotencia, ya que la situación de privilegio no solo sirve para disfrutarla y empujar para que se perpetúe, sino que existe la opción de luchar para que, en vez de un privilegio para una minoría, se convierta en un derecho para todas.
Y en esta vorágine en la que nos encontramos de un aprovechamiento cada vez más fiero de esos privilegios en todos los estamentos de la sociedad —quizás porque en estos tiempos tan convulsos el miedo a perderlos es cada vez mayor—, lo que más me enfada es la utilización de una manera descarada de las instituciones públicas para seguir protegiendo los intereses de los de siempre: beneficios fiscales, recortes en programas sociales, privatización de servicios públicos, protección de intereses empresariales… Y estas prácticas lo que están haciendo es que la brecha de desigualdad sea cada vez más insalvable.
En Canarias, los gobiernos llevan décadas agravando la desigualdad al poner por delante de cualquier política el “crecimiento económico”, medido, para ellos, únicamente en términos de PIB turístico.
En los últimos 15 años, mientras que el PIB turístico no ha hecho más que subir —obviando el parón de la pandemia—, el PIB per cápita ha descendido en picado, situándose casi 7.000 euros por debajo de la media estatal. El pasado mes de mayo, el “Informe sobre la Desigualdad en España”, elaborado por la Fundación Alternativas, revelaba que Canarias se encuentra entre las zonas del estado donde más se concentra la desigualdad social y económica. De hecho, sólo un 0,3 % de los canarios acumula una cifra equivalente a la mitad del PIB del archipiélago.
Esta obsesión con el crecimiento económico como único objetivo, sin ir acompañado de políticas que eviten que este sea capturado por los más ricos, está provocando que el porcentaje de desigualdad en Canarias —medido por el índice de GINI— siga una tendencia ascendente mientras lleva diez años de reducción en el resto del Estado.
Esta desigualdad no solo afecta a las condiciones materiales de vida, sino que conlleva un peor estado de salud mental y peor atención sanitaria —Encuesta de Salud de las Islas 2021—, o mayores afectaciones en el aprendizaje para los menores de familias con nivel socioeconómico bajo —informe PISA 2022—, sin dejar de mencionar que las mujeres canarias son las más damnificadas, con una brecha salarial con respecto a los hombres de casi 2.500 euros menos anuales —informe de CCOO 2023—, entre otros muchos impactos.
Asimismo, otra consecuencia de llevar a cabo políticas dirigidas a perpetuar el privilegio de las élites es la pérdida de legitimidad de las instituciones a los ojos de una ciudadanía cada vez más consciente de sus derechos. La comprobación constante de que las instituciones están al servicio de unos pocos provoca descontento, tensión social y una pérdida directa de confianza en el sistema democrático que nos rige, y así lo acabamos de comprobar en las últimas elecciones europeas: altísima abstención, izquierda desmovilizada y extrema derecha disparada.
Necesitamos compromiso político para repensar el modelo de desarrollo, poniendo la reducción de la desigualdad como objetivo central para garantizar los derechos de todas. Y esto implica reducir los privilegios de unos pocos.
Políticas que prioricen asegurar servicios públicos universales y de calidad para todas, en las que los derechos básicos como la vivienda o el acceso al agua no respondan a lógicas de mercado. Políticas fiscales focalizadas en la redistribución de la riqueza y no en la perpetuación de nuestra tierra como paraíso fiscal para capitales extranjeros. Políticas dirigidas a la soberanía y no al extractivismo. Políticas centradas en la protección de los más vulnerables que vayan más allá del asistencialismo. Políticas que promuevan la igualdad real de género a todos los niveles.
Combatir la desigualdad debe ser la prioridad para construir una Canarias próspera y justa. No podemos permitir que los mismos que han tenido el privilegio de diseñar la política pública hasta ahora continúen determinando el camino. Como sociedad que empieza a estar harta del secuestro de la democracia, tenemos que darnos cuenta de que la política no es cosa exclusiva de las élites que llevan usando las instituciones en su beneficio todo este tiempo.
En nuestra mano está movilizarnos, asociarnos y politizarnos para involucrar a quienes nunca se han visto representadas, impugnar este sistema podrido basado en los privilegios y entre todas imaginar y construir un sistema que nos cuide y nos sostenga.
Porque como dijo el escritor Joan Fuster: toda política que no hagamos nosotros será hecha contra nosotros.
Sara Hernández
portavoz de Drago Canarias en La Palma